El gobierno tomó una serie de medidas para asegurar el control, evitar el tráfico de mujeres parturientas, y para hacer frente a la migración irregular.
Estas medidas incluyen plazos para que los contratantes que violen las leyes laborales y migratorias, se enfrenten a severas sanciones si las incumplen.
Para lograr este objetivo, el gobierno otorgó a los empresarios y particulares, que tengan contratadas a personas extranjeras de forma irregular; un plazo de tres meses para que regularicen sus estatus, de lo contrario se les impondrá una multa de cinco a treinta salarios mínimos.
Así se determinó unánimemente por el Consejo de Migración, en una reunión encabezada el presidente Luis Abinader en el Salón Los Trinitarios del Palacio Nacional.
Control migratorio sobre los empleados públicos y privados
La información fue dada a conocer el Ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez, quien explicó que, vencido el plazo, todas las empresas o empleadores que mantengan servicios laborales de extranjeros, deberán contratarlos conforme a los parámetros legales establecidos en la norma migratoria y laboral. Para ello, deberán cumplir con el procedimiento y los requisitos establecidos en la Ley 285-04, su Reglamento de aplicación 631-11, así como las legislaciones y normativas laborales aplicables.
“Este Ministerio de Interior y Policía coordinará con el Ministerio de Trabajo, a través de la Dirección General de Trabajo, la vigilancia y cumplimiento de los artículos 135 al 140 del Código de Trabajo de la República Dominicana, que establecen la proporcionalidad de trabajadores extranjeros contratados por una empresa o empleador”, dijo.
Dijo que el actual gobierno tiene una posición clara y firme sobre la mejor manera de enfrentar este problema. Además, la única solución posible es el cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional en materia migratoria.
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Fuente informativa e imagen: Periódico Listín Diario.
